TEXTO DEFINITIVO DEL DFL No. 2, DE 1959, SOBRE PLAN HABITACIONAL
 

(Publicado en el DO de 18.07.60)
DECRETO CON FUERZA DE LEY No. 2
(Publicado en el DO de 31.07.59)


Núm. 1.101.- Santiago, 03 de Junio de 1960.
Vistos: el decreto con fuerza de ley N° 2, de 31 de julio de 1959, y lo dispuesto en los decretos con fuerza de ley N° 16, de 15 de septiembre de 1959; 24, de 31 de octubre del mismo año; 44, de 03 de diciembre de 1959; 54, de 31 de diciembre del año antes indicado, y N°s. 56, de 08 de enero; 62, de 23 de enero; 66, de 27 de enero; 201 y 208, de abril de 1960, y lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 300, de 31 de marzo del año en curso.

DECRETO:
 

El texto definitivo del decreto con fuerza de ley N° 2, de 31 de julio de 1959, sobre Plan Habitacional, será el siguiente:
 

TITULO I

De las Viviendas Económicas

ART. 1. Se considerarán viviendas económicas, para los efectos del presente decreto con fuerza de ley, las que se construyan en conformidad a sus disposiciones, tengan una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda y reúnan los requisitos, características y condiciones que determine el Reglamento Especial que dicte el Presidente de la República.
Las disposiciones del presente decreto con fuerza de ley no constituyen modificación ni derogación de la ley N° 9.135, de 30 de octubre de 1948.
Para los efectos de lo dispuesto en la letra b) del artículo 31 y en los artículos 38, 56, 76, 78, 79 y 81 de este decreto con fuerza de ley, se entenderá que son también viviendas económicas  las viviendas que la Corporación de la Vivienda tenía en construcción o las que ésta y la ex Caja de la Habitación habían construido con anterioridad a la vigencia de este decreto con fuerza de ley.
Los edificios ya construidos, al ser alterados o reparados se transformen en viviendas de una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda, podrán acogerse a los beneficios, franquicias y exenciones de las viviendas económicas y se considerarán como tales para todos los efectos legales, siempre que reúnan las características, requisitos y condiciones que se determinan en este decreto con fuerza de ley, en el título IV del decreto con fuerza de ley N° 458, de Vivienda y Urbanismo, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el Reglamento Especial de Viviendas Económicas y en los casos que corresponda, además cumplan los requisitos de la ley N° 6.071 y su Ordenanza. El permiso de alteración o reparación, una vez aprobado por la Dirección de Obras Municipales, deberá reducirse a escritura pública en la forma y condiciones que determina el artículo 18 del presente decreto con fuerza de ley.

ART. 2. El Presidente de la República podrá fijar áreas urbanas en las ciudades donde deberán ser construidas las viviendas económicas , para que se consideren incluidas en el presente decreto con fuerza de ley. También podrá autorizar su construcción en sectores rurales que él mismo determinará, siempre que ellas se destinen a habitaciones para centros industriales, agrícolas o mineros.

ART. 3. Los loteamientos y las urbanizaciones destinadas a viviendas económicas, y la construcción de éstas se regirán exclusivamente por las disposiciones pertinentes de la Ley General de Construcciones y Urbanización, aprobada por el decreto con fuerza de ley N° 224, de 1953, con las modificaciones que se establecen en este decreto con fuerza de ley y por el Reglamento Especial de viviendas económicas que dictará el Presidente de la República.

Los grupos habitacionales de viviendas económicas podrán tener locales destinados a establecimientos comerciales, servicios públicos o de beneficio común, siempre que estas destinaciones no excedan del 20% del total de la superficie edificada en cada grupo.
Sin embargo, cuando los conjuntos habitacionales se compongan exclusivamente de edificios de departamentos o colectivos, de tres o más pisos de altura, estos locales podrán alcanzar hasta el 30% de la superficie edificada.
ART. 4. Modifícanse en la forma que a continuación se indica, los siguientes artículos de la Ley General de Construcciones y Urbanización, aprobada por decreto con fuerza de ley N° 224, de 1953:
a) Art. 6. Reemplázase el inciso 1 por el siguiente:
Las Municipalidades podrán dictar ordenanzas locales de edificación y urbanización, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a las del Plan Habitacional de Viviendas Económicas y su respectivo Reglamento Especial de Viviendas Económicas, a las del presente decreto con fuerza de ley, a su Ordenanza General y a las normas y reglamentaciones generales que al respecto dictará el Ministerio de Obras Públicas.
b) Art. 10. Agrégase, después de la palabra correspondiente¯, la frase y a la Corporación de la Vivienda¯.
c) Art. 12. Agrégase en el inciso 1, a continuación de la palabra locales, la frase y las que se dicten en conformidad con el Plan Habitacional de Viviendas Económicas.
d) Art. 29. Agrégase el siguiente inciso: Estas limitaciones no regirán para las construcciones que se ejecuten en conformidad con las disposiciones del Plan Habitacional de Viviendas Económicas y su respectivo Reglamento Especial.
e) Art. 30. Agrégase a continuación del inciso 2, el siguiente inciso: Lo dispuesto en los incisos anteriores no se aplicará a las urbanizaciones que se ejecuten en conformidad con las disposiciones del Reglamento Especial de Viviendas Económicas.
Sustitúyese en el inciso final la frase ®en el inciso que precede¯ por en el inciso 2°.
f) Art. 31. Agrégase al primer inciso la siguiente frase, sustituyendo el punto por una coma sin perjuicio de lo que disponen los artículos 3, 5, 6 y 7 del decreto con fuerza de ley N°2, de 1959¯.
Reemplázase el inciso 2 por el siguiente:
El permiso se tramitará en la forma que determine la Ordenanza General del presente decreto con fuerza de ley o el Reglamento Especial de Viviendas Económicas, en su caso.
g) Art. 32. Agrégase en el inciso 1, a continuación de la expresión ®Ministerio de Obras Públicas, la siguiente frase: o de la Corporación de la Vivienda, en su caso.
h) Art. 33. Agrégase el siguiente inciso final: Las obligaciones del urbanizador de poblaciones que se construyan en conformidad con las disposiciones del Plan Habitacional de Viviendas Económicas serán establecidas en la Ordenanza Especial de Viviendas Económicas.
i) Art. 38. Sustitúyese la expresión ®las ordenanzas, por las ordenanzas y el Reglamento Especial de Viviendas Económicas.
j) Art. 58. Intercálase a continuación de la expresión ordenanza general, la frase o el Reglamento Especial de Viviendas Económicas, en su caso.
k) Art. 59. Agrégase el siguiente inciso nuevo: El Reglamento Especial de Viviendas Económicas establecerá los sistemas constructivos, condiciones de sanidad, asismicidad, comunidad de servicios, etc., que deberán reunir las habitaciones que se construyan en conformidad con el Plan Habitacional de Viviendas Económicas.
l) Art. 73. Intercálase, después de la expresión ordenanza general, la frase o Reglamento Especial de Viviendas Económicas, en su caso.
m) Art. 84. Intercálase a continuación de la expresión artículo 6, la frase o del Plan Habitacional de Viviendas Económicas a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1959, o del Reglamento Especial de Viviendas Económicas, precedida de una coma.

ART. 5. El Ministerio de Obras Públicas, por intermedio de la Dirección de Arquitectura, supervigilará el cumplimiento de los preceptos del presente decreto con fuerza de ley y de su reglamento por parte de las Direcciones de Obras Municipales, y podrá, por decreto supremo, dejar sin efecto los beneficios, exenciones y franquicias, que este decreto con fuerza de ley otorga, respecto de las construcciones determinadas que los hayan infringido. Esta facultad se entenderá incorporada en el contrato a que se refiere el artículo 18 y aceptada por el interesado que lo suscriba.

ART. 6. Las Direcciones de Obras Municipales respectivas deberán pronunciarse sobre los permisos dentro de 30 días de solicitados, y si, transcurrido este plazo, no se hubieren pronunciado, podrá el interesado recurrir a la Dirección de Arquitectura, antes referida, la que resolverá sobre el permiso dentro de los 60 días, contados desde que se solicite su intervención. La primera solicitud quedará sin efecto por el solo hecho de presentarse la indicada en segundo término. Igual derecho tendrá el interesado si le fuera denegado el permiso, caso en que el plazo se contará desde la fecha de serle notificada la denegación.

ART. 7. Las Municipalidades o la oficina municipal correspondiente deberán recibirse de la o de las viviendas económicas y/o de las urbanizaciones a que se refiere el presente decreto con fuerza de ley, dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha de presentación de la solicitud correspondiente a la Municipalidad. Vencido este plazo, el interesado podrá recurrir a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para que, en caso de que la vivienda y/o la urbanización cumplan con los requisitos legales, aquella Dirección proceda a recibirla en reemplazo de la Municipalidad, o de la oficina municipal respectiva, recepción que en tal evento tendrá pleno valor para todos los efectos legales.
En caso de recurrir a la Dirección de Arquitectura quedará sin efecto la presentación hecha ante la Municipalidad.

TITULO II

De los beneficios, franquicias y exenciones para las Viviendas Económicas.


ART. 8. La construcción de las viviendas económicas a que se refiere el presente decreto con fuerza de ley, gozará de las siguientes franquicias:
a) Los contratos y presupuestos de edificación estarán exentos de los tributos establecidos en los incisos 1 y 2 del número 42 del artículo 7 del decreto con fuerza de ley N° 371, de 1953, y sus modificaciones;
b) Los recibos de dinero correspondientes a precio en contratos de construcción y compraventa de viviendas económicas estarán exentos del impuesto establecido en el N° 151 del artículo 7 del decreto con fuerza de ley N° 371, de 1953, y sus modificaciones;
c) Los pagos que haga el Fisco o las Municipalidades para la construcción por su cuenta de Viviendas Económicas estarán exentos del impuesto establecido en el artículo 53, letra h), de la ley 10.383;
d) Derogada;
e) Las remuneraciones de los constructores o empresas constructoras no estarán afectas al impuesto de Cifra de Negocios a que se refiere el decreto N° 2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones;
f) Los contratistas o subcontratistas de instalaciones o especialidades gozarán de las mismas exenciones de las letras a) y c) de este artículo. Los contratos que ellos celebran con el encargado de la construcción estarán en todo caso exentos del impuesto de Cifra de Negocios o del de Compraventa a que se refiere la ley número 12.120, según corresponda. Con todo, los materiales suministrados por el propio contratista o subcontratista y fabricados por él quedarán sujetos al impuesto de compraventa, el cual gravará solamente su valor, con exclusión de la mano de obra necesaria para su colocación; g) La escritura pública a que debe reducirse el permiso de edificación a que se refiere el artículo 18 estará exenta de todo impuesto;

h) Las pólizas de seguro de accidentes del trabajo destinadas a cubrir los riesgos de empleados y obreros que trabajan en la construcción de Viviendas Económicas podrán contratarse directamente con la institución aseguradora, la que deberá rebajar de la prima, en tal caso, el monto de la comisión que habría correspondido al agente o intermediario;

i) Los documentos que den testimonio de las garantías de cualquiera especie que se constituyan en favor de la Corporación de la Vivienda para cualquier efecto relacionado con este decreto con fuerza de ley y sus modificaciones, estarán exentos de los impuestos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 371 y sus modificaciones, como asimismo de cualquier otro impuesto que pudiere afectar a tales garantías.

j) Los derechos actualmente vigentes que pueden cobrar los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, por las escrituras que autoricen, las inscripciones, anotaciones, subinscripciones y demás actos que practiquen y por los certificados que expidan referentes a viviendas económicas de este decreto con fuerza de ley, se rebajarán en un 50%.

ART. 9. Derogado.

ART. 10. Derogado.

ART. 11. Derogado.

ART. 12. Toda escritura que se extienda con motivo de la construcción o transferencia de ®viviendas económicas estará afecta solamente al 50% de los impuestos que correspondan, hasta el plazo de dos años siguientes a su recepción, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra g) del artículo 8 y en el artículo 13.

ART. 13. La primera transferencia de viviendas económicas y de los terrenos en que ellas han sido construidas estará exenta de los impuestos establecidos en el N° 8 del artículo 1 de la ley N° 16.272, siempre que se efectúen dentro del plazo de un año contado desde la recepción de la vivienda por parte de la Municipalidad o de la Dirección de Planificación Habitacional, en su caso. La segunda transferencia, siempre que se haga dentro del plazo de dos años, a contar de la misma recepción, estará gravada con el 50% del impuesto aludido en este artículo.

ART. 14. Las viviendas económicas estarán exentas de todo impuesto fiscal que grave la propiedad raíz, con excepción de aquéllos que correspondan a pagos de servicios, tales como pavimentación, alcantarillado, alumbrado y otros. La exención no regirán en la parte del impuesto territorial que corresponde a las Municipalidades. Esta exención regirá a contar de la fecha del certificado de recepción emitido por la Municipalidad correspondiente, o la Dirección de Arquitectura, en su caso, conforme a los siguientes plazos: a) por 20 años, cuando la superficie edificada, por unidad de vivienda, no exceda de 70 metros cuadrados; b) por 15 años, cuando esa superficie exceda de 70 metros y no pase de 100 metros cuadrados, y c) por 10 años, cuando ella sea superior a 100 metros cuadrados y no pase de 140 metros cuadrados.
Los terrenos en que se construyan las viviendas económicas no gozarán de la exención mencionada en este artículo.

ART. 15. Las rentas que produzcan las viviendas económicas no se considerarán para los efectos del Impuesto Global Complementario ni Adicional, y estarán, además, exentas de cualquier impuesto de categoría de la Ley de Impuesto a la Renta.
Igual tratamiento tendrán las rentas provenientes de la enajenación de "viviendas económicas" que se obtengan en cumplimiento de un contrato de arrendamiento con opción de compra, salvo que el tradente sea la empresa que construyó dichas viviendas.
Las exenciones establecidas en el inciso anterior se aplicarán también, en aquellos casos en que el inmueble sea ocupado por su dueño.

ART. 16. Las viviendas económicas y los derechos reales constituidos en ellas, que se transmitan en sucesión por causa de muerte o sean objeto de donación, serán excluidos de la aplicación de impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones, y su adjudicación no estará afecta al impuesto establecido en el N° 10 del artículo 7 del decreto con fuerza de ley N° 371, de 1953.
Las exenciones establecidas en el inciso anterior se aplicarán únicamente cuando los causantes o donantes hayan construido las viviendas económicas o las hayan adquirido en primera transferencia, y en el primero de los casos siempre que el causante las haya construido o adquirido con anterioridad de a lo menos 6 meses, a la fecha del fallecimiento.
ART. 17. Las viviendas económicas, cuando además concurran en ellas los requisitos de las construcciones a que se refiere la ley N° 9.135, gozarán de los siguientes beneficios: a) Quedarán sustraídas del control de los organismos mencionados en el Artículo 7 de dicha ley; b) Los litigios y todo asunto relativo a los derechos y obligaciones de los propietarios y arrendatarios, referentes a estas propiedades, quedarán sujetos sólo y exclusivamente al conocimiento de la Justicia Ordinaria, y
c) No regirán para ellas las limitaciones de rentas y demás disposiciones pertinentes de la ley N° 11.622 ni de ninguna otra sobre la materia, quedando la fijación de las rentas de arriendo a la libre contratación de las partes.

Se podrá, asimismo, comprobar la fecha de iniciación de las obras, mediante las constancias, que a este efecto, existan en el respectivo expediente, debiendo el Vicepresidente de la institución respectiva certificar tales constancias.
Las aprobaciones a que se refieren los artículos 5, 6 y 7 de este decreto con fuerza de ley se estimarán suficientes para los efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 9.135.

ART. 18. Aprobado un permiso para edificación de vivienda económica, dicho permiso será reducido a escritura pública que firmarán el Tesorero Comunal respectivo, en representación del Estado, y el interesado. Esta escritura tendrá el carácter de un contrato, en el cual se entenderán incorporadas de pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios del presente decreto con fuerza de ley, y, en consecuencia, la persona natural o jurídica acogida a sus disposiciones, así como sus sucesores o causa - habientes a cualquier título, gozarán en forma permanente de los privilegios indicados, no obstante cualquier modificación posterior que puedan sufrir parcial o totalmente las disposiciones referidas.
Las franquicias, exenciones y beneficios expresados caducarán en caso de que las viviendas económicas respectivas fueren destruidas, o se iniciare su demolición o transformación de modo que vayan a perder sus características de tales. En estos últimos casos, la Dirección de Obras Municipales correspondiente, al otorgar el permiso deberá declararlo expresamente y comunicar este hecho a la Dirección de Impuestos Internos.

ART. 19. Las franquicias, exenciones y beneficios indicados en los artículos anteriores serán aplicables a los terrenos comunes de los conjuntos habitacionales que el proyecto aprobado autorice, y a los terrenos singulares, hasta una superficie de 500 metros cuadrados por unidad de vivienda. Estos beneficios no regirán para el resto de los terrenos.
Con todo, si dentro del terreno común propio de un grupo de unidades o del terreno perteneciente a una vivienda económica, se construyera algún edificio que no se encuentre acogido a las prescripciones de este decreto con fuerza de ley, la totalidad del respectivo inmueble quedará privado de las franquicias y exenciones contempladas en él.
Los terrenos destinados al uso común, en el caso de conjuntos habitacionales de viviendas económicas serán indivisibles entre los comuneros mientras subsista alguna de las viviendas con derecho a la propiedad común.

ART. 20. Los beneficios establecidos en los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 regirán a contar desde la fecha del certificado de recepción municipal de la vivienda económica.
Para los efectos del otorgamiento del certificado de recepción regirán los preceptos indicados en el artículo 7.
En el mismo certificado de recepción definitiva de la obra deberá dejarse constancia de haberse cumplido con todos los trámites que hacen procedentes el goce de los beneficios expresados en el inciso primero. La Dirección de Obras Municipales respectiva comunicará este hecho al Servicio de Impuestos Internos, el que, de oficio y sin más trámite, procederá a dar curso a las exenciones y franquicias tributarias correspondientes. Lo anterior se aplicará, también a las viviendas regidas por la ley N° 9.135. Lo dispuesto en el inciso precedente es sin perjuicio de la fiscalización posterior que corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 15.163.

ART. 21. La exención de impuesto de donación contemplada en el artículo 9 regirá solamente en relación a las acciones o derechos sociales que se donen, cinco años después de su adquisición por el donante.
La exención del impuesto de donación contemplada en el artículo 16 regirá a contar desde la fecha del certificado de recepción de la respectiva construcción.
La exención del impuesto de herencias y asignaciones a que se refiere el artículo 16 se aplicará incluso a aquellas viviendas económicas que se encuentran en construcción al deferirse la herencia o el legado.

ART. 22. Los que edifiquen viviendas económicas estarán liberados para los efectos tributarios y cambiarios, de la obligación de justificar el origen de los capitales empleados en ellas, siempre que acrediten su existencia con anterioridad al presente decreto con fuerza de ley. Tal anterioridad se presumirá de derecho respecto de las construcciones que se inicien antes del 30 de junio de 1960 y estén terminadas antes del 31 de diciembre de 1961.
No se necesitará justificar el origen ni la existencia anterior de los capitales que se invierten en cuotas de ahorro a que se refiere el artículo 26, siempre que ellas se adquieran antes del 31 de junio de 1960.

ART. 23. Las viviendas económicas, que hayan sido favorecidas para su construcción o adquisición con créditos hipotecarios de parte de la Corporación de la Vivienda, por una cantidad superior al 70% del valor de la vivienda y su terreno y que, además, tengan una superficie construida superior a 100 metros cuadrados, no gozarán de los beneficios, franquicias y exenciones indicadas en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18.
Las viviendas de superficie edificada no superior a 100 metros cuadrados favorecidas con créditos similares al indicado en el inciso anterior, no gozarán de la franquicia dispuesta en el artículo 17.
Declárase que el sentido del presente artículo es no comprender dentro de sus disposiciones a los préstamos a corto plazo que otorgue o haya otorgado la Corporación de la Vivienda en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 71 de este decreto con fuerza de ley.
Las viviendas económicas adquiridas o construidas mediante préstamos hipotecarios concedidos por las instituciones de previsión, no estarán afectas a las limitaciones establecidas en los incisos anteriores. Los beneficios, franquicias y exenciones a que se refieren los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 indicados en el inciso primero, se aplicarán a las ®viviendas económicas¯, que se hayan construido o adquirido por imponentes o pensionados, con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

ART. 24. Los locales comerciales, de servicios públicos y de beneficio común a que se refiere el inciso 3 del artículo 3, no gozarán de las franquicias y exenciones establecidas en los artículos 14, 15 y 16.

TITULO III

Del ahorro para viviendas

ART. 25. Se autoriza a la Corporación de la Vivienda para establecer un sistema de cuentas de ahorro, denominado ahorro para la vivienda.

ART. 26. El Banco del Estado o la Institución que designe el Presidente de la República, recibirá de terceros, sean estas personas naturales o jurídicas, incluyendo las personas a que se refiere el Artículo 41 del decreto con fuerza de ley número 126, de 1953, depósitos de Ahorro para la vivienda en unidades denominadas cuotas de ahorro. Las instituciones que reciban estos depósitos actuarán como mandatarias de la Corporación de la Vivienda.
Estos depósitos ingresarán en una cuenta especial que abrirá el Banco del Estado de Chile o la institución a que se hizo referencia a la orden de la Corporación de la Vivienda.
La Corporación de la Vivienda podrá recibir directamente estos depósitos, o convenir con instituciones particulares en la recepción de ellos previa aprobación del Presidente de la República. Los pagos que la Corporación de la Vivienda haga por las prestaciones de servicios de sus mandatarios estarán exentos del impuesto de cifra de negocios.

ART. 27. La cuota de ahorro será nominativa e intransferible. Su valor oficial, a la fecha del presente decreto con fuerza de ley, será de un mil pesos, pero él podrá variar por las causas siguientes:
a) Por la adición de un interés que se le agregará anualmente, el cual será determinado en la forma que indique el reglamento, y
b) Por un reajuste anual, equivalente al porcentaje de variación del Indice de Salarios y Sueldos determinado por el Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, reducido en una unidad y redondeado al entero inferior más próximo.
El interés y el reajuste establecidos en las letras anteriores se calcularan una vez al año, y quedarán incorporados definitivamente al valor de la cuota de ahorro. Si el reajuste determinare una disminución del valor de la cuota de ahorro su valor se reducirá conforme al cálculo indicado.
El interés no podrá ser cobrado separadamente de la cuota de ahorro.
Penúltimo inciso del Art. 27.
Sin embargo, a contar del período 1961 - 1962, este reajuste anual no podrá sobrepasar, en ningún caso, a la variación del índice del costo de la vida, determinado por la Dirección de Estadísticas y Censos para el correspondiente período. Este límite no afectará a los reajustes que se disponen en el Título V, del DFL N° 205, de 1960.

ART. 28. La modificación de valor que se produzca de acuerdo con el artículo anterior será publicada anualmente en el Diario Oficial y constituirá el valor oficial de la cuota de ahorro, en el respectivo año.

ART. 29. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, el valor de la cuota de ahorro podrá ser modificado para los efectos de su adquisición por el público, previstos en letras b) y c) del artículo siguiente sobre su valor oficial, en una cantidad que la Corporación de la Vivienda estimará mensualmente, considerando la cuota del interés correspondiente, y la probable modificación del Indice de Salarios y Sueldos, en relación con los meses transcurridos desde la fecha de fijación de ese valor oficial.

ART. 30. Podrá girarse contra cuentas de ahorro para la vivienda sólo con los fines siguientes:
a) Para retirar las cuotas de ahorro en dinero efectivo, a su valor oficial vigente en ese momento, siempre que hayan permanecido tres años por lo menos en la cuenta respectiva.
Con autorización del Presidente de la República, podrán disponerse plazos inferiores a tres años para el retiro de las cuotas de ahorro, en dinero efectivo.
En el caso de las personas mencionadas en el artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 126, de 1953, la devolución se hará en la forma que este precepto indica.
b) Para aplicar dichas cuotas a la adquisición o urbanización de terrenos destinados a viviendas económicas o a la adquisición o construcción de éstas, ya sea que estas operaciones se realicen con la Corporación de la Vivienda o con particulares. La Corporación de la Vivienda fiscalizará estas últimas, hasta concurrencia del valor de las cuotas de ahorro giradas.
c) Para destinarlas a la construcción o adquisición de las viviendas campesinas a que se refiere el artículo 67, y
d) Para los fines establecidos en la letra d) del artículo siguiente.

ART. 31. Los poseedores de cuotas de ahorro tendrán derecho a los siguientes beneficios:
a) Obtener de la Corporación de la Vivienda, créditos complementarios en exceso sobre las cuotas de ahorro que poseen, para la adquisición o urbanización de terrenos y adquisición o construcción de viviendas económicas, con las prioridades y condiciones que el Reglamento establezca;
b) Gozar de la exención de los requisitos para concesión de préstamos y para la venta y el arrendamiento de viviendas y locales, señalados en los artículos 6 y 7 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953;
c) Participar en los sorteos a que se refiere el artículo 33 de este decreto con fuerza de ley.
d) Obtener de la Corporación de la Vivienda créditos complementarios en exceso sobre las cuotas de ahorro que posean, para la adquisición de viviendas que no llenen los requisitos de económicas de acuerdo con las normas que establezca el Consejo de la Corporación de la Vivienda y a condición de que el vendedor acepte que el total de estos créditos complementarios le sean depositados, a su nombre, en una cuenta de ahorro para la vivienda, por la Corporación de la Vivienda, de la cual se podrá girar con el exclusivo fin de aplicarlos a la construcción de viviendas económicas.

ART. 32. Los empleadores o patrones estarán obligados a descontar por planillas del sueldo o salario las sumas para adquisición de cuotas de ahorro que los obreros o empleados las soliciten y depositarlas en las cuentas de ahorro para la vivienda a nombre de éstos.
Asimismo, los empleadores y patrones estarán obligados a descontar de los sueldos y jornales los servicios de los créditos hipotecarios otorgados por la Corporación de la Vivienda o las instituciones de previsión, cuando ellas lo soliciten.
Esta misma obligación regirá para cualquiera deuda a favor de la Corporación de la Vivienda contraída con anterioridad a la vigencia de este decreto con fuerza de ley.
Las infracciones a los incisos anteriores serán sancionadas con multas del 5 al 10% de las cantidades no descontadas.
Los empleadores o patrones estarán obligados a depositar por cuenta de sus obreros y empleados una cantidad de cuotas de ahorro igual a la que podrá ser adquirida con la suma descontada en la fecha del descuento. Será de cargo de los empleadores o patrones las diferencias que se produzcan por mayor valor de la cuota de ahorro, pero no los beneficiarán las diferencias producidas si las cuotas de Ahorro hubieran disminuido de valor.
Si transcurrieren más de 30 días desde que el empleador o patrón hizo el descuento sin que el depósito se efectúe, se les sancionará con una multa del 10% de las cantidades descontadas e indebidamente retenidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. Esta multa podrá ser repetida por cada 30 días de incumplimiento que transcurran.
La Corporación de la Vivienda y las instituciones de previsión correspondientes impondrán, sin forma de juicio, las multas a que se refieren los incisos anteriores, las que quedarán a su beneficio. En contra de la resolución antedicha podrá reclamarse ante el Presidente de la República, quien resolverá por intermedio del Ministerio de Obras Públicas. La reclamación deberá formularse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la respectiva multa, previo pago de ésta; de otro modo, la resolución se entenderá como definitiva.

ART. 33. Derogado.

ART. 34. Las empresas industriales o mineras quedarán liberadas del todo o parte de la obligación que les impone el artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, siempre que inviertan en cuotas de ahorro para viviendas una suma igual al valor que deseen liberar aumentada en 40%. Si la inversión excediera de esa cantidad, el exceso podrá ser imputado a obligaciones futuras. Este beneficio no regirá respecto de las obligaciones que ya se hubieren hecho exigibles.
En caso que las empresas hayan celebrado convenios colectivos de ahorro para vivienda con su personal, el 40% del aumento sobre la cantidad sujeta a la obligación impuesta por el artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, podrá ser depositada en todo o parte por dicho personal.
Estas cuotas de ahorro no gozarán del derecho establecido en la letra a) del artículo 30 y sólo podrán ser aplicadas a la construcción o adquisición en primera transferencia de viviendas económicas, las cuales sólo darán derecho a imputar en la parte que exceda a la obligación liberada, debidamente reajustada conforme a la letra b) del artículo 27.

Para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, se entiende que las empresas a que ese precepto se refiere tienen o han completado un número de viviendas propias suficientes para su empleados y obreros, cuando las viviendas que éstos ocupen sean de propiedad de la respectiva empresa o de propiedad particular de los que las habitan.

ART. 35. Los fondos provenientes de los depósitos en las cuentas de ahorro para la vivienda se destinarán por la Corporación de la Vivienda:
a) A la adquisición y urbanización de terrenos y a la construcción de viviendas económicas para su venta;
b) Al otorgamiento de préstamos para la urbanización de terrenos y para la construcción o adquisición de viviendas económicas o viviendas campesinas, y
c) A adquirir viviendas económicas construidas por personas naturales o jurídicas, para destinarlas a la venta.
La Corporación de la Vivienda deberá mantener una reserva correspondiente a fondos provenientes de cuentas de ahorro en conformidad al reglamento que se dicte, para que esté en situación de cubrir los retiros o giros que con cargo a ellas tengan derecho a hacer sus titulares.

ART. 36. Los depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda y sus respectivos intereses y reajustes estarán exentos de todo impuesto o contribución y no se considerarán renta para los efectos de la Ley de Impuesto a la Renta, estando también exentos del Impuesto Global Complementario. Igualmente, estarán exentos del impuesto sobre herencia a que se refiere la ley N° 5.427 y sus modificaciones. Además, serán inembargables hasta concurrencia del valor de un mil cuotas de ahorro, a menos que se trate de deudas que provengan de pensiones alimenticias declaradas judicialmente.
En caso de fallecimiento del imponente, sus herederos podrán retirar estos depósitos hasta concurrencia de la citada cantidad de un mil cuotas de ahorro, aun antes del vencimiento del plazo prescrito en la letra a) del artículo 30, sin necesidad de acreditar la posesión efectiva de la herencia, ni justificar el pago o exención de la contribución de herencia. Bastará en este caso la presentación de los respectivos comprobantes de estado civil.
A falta de herederos testamentarios, cónyuge sobreviviente o legitimarios, gozarán de las mismas prerrogativas los hijos ilegítimos menores de edad, con exclusión de otros herederos ad-intestato, bastando para comprobar la calidad de hijo ilegítimo la correspondiente inscripción en el Registro Civil, efectuada por el causante, o la notoria posesión de este estado civil acreditado extrajudicialmente por el testimonio de personas que merezcan fe a la institución.
La Corporación de la Vivienda o la institución a que se refiere el ART. 26 podrán exigir en caso de duda la constitución de una fianza que asegure el reembolso de lo pagado.

ART. 37. Las Compañías de Seguros podrán invertir los fondos a que se refiere el artículo 21 del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, en cuentas de ahorro para la vivienda.
Los tutores y curadores podrán depositar los fondos de su pupilos en cuentas de ahorro para la vivienday con ello se entenderá cumplida la obligación que le impone al artículo 406 del Código Civil y quedarán exentos de la responsabilidad indicada en el inciso final de dicho precepto.
Los Bancos comerciales o hipotecarios que desempeñen comisiones de confianza, de acuerdo con la ley N° 4.827, podrán invertir los dineros a que alude el inciso primero del artículo 6 de esa ley, a falta de instrucciones o determinaciones de su propietario o titular, en hacer depósitos en cuentas de ahorro para la vivienda.

ART. 38. La posesión de cuotas de ahorro constituirá para los imponentes de instituciones de previsión señaladas en el artículo 48 una causal de preferencia para la adquisición de viviendas económicas, que será considerada por los respectivos organismos de previsión, dentro de las normas o reglas que tengan establecidas para determinar los que pueden adquirirlas. En estos casos el imponente estará obligado a aportar sus cuotas de ahorro como cuota al contado.

ART. 39. El contrato de depósito de cuentas de ahorro para la vivienda gozará de las garantías previstas en el artículo 18 y, en consecuencia, las franquicias, exenciones y beneficios que el presente decreto con fuerza de ley establece para el ahorro para vivienda subsistirá en forma permanente para el depositante, no obstante cualquier modificación legal, parcial o total que puedan sufrir las disposiciones correspondientes.

TITULO IV

De la radicación y medidas de emergencia

ART. 40. El Presidente de la República destinará de los fondos a que se refiere el artículo 77 de la Ley N° 13.305 la suma de $ 4.000.000.000, con el objeto de que la Corporación de la Vivienda radique pobladores de viviendas insalubres, en terrenos propios o ajenos; en este último caso, previa adquisición o expropiación, conforme a las disposiciones legales.
En los ejercicios futuros, la Corporación de la Vivienda podrá destinar en su presupuesto al objeto indicado en el inciso anterior hasta un 20% del aporte fiscal anual.
Declárase de utilidad pública, de acuerdo con los preceptos del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, los inmuebles necesarios para efectuar las radicaciones a que se refiere este artículo y facúltase al Presidente de la República para expropiarlos.

ART. 41. Se faculta a la Corporación de la Vivienda para invertir un 20% de las sumas indicadas en el Artículo anterior en gastos de traslado, materiales de construcción y construcciones provisionales. Queda autorizada dicha Corporación para no exigir reembolso a los interesados por estos gastos.
Con cargo a dicho porcentaje se podrán también efectuar los gastos necesarios para evitar la reocupación de los terrenos de los cuales se haya erradicado a los pobladores, siempre que estos terrenos sean de la Corporación de la Vivienda, fiscales, municipales o de uso público.

ART. 42. Las restricciones y limitaciones del decreto con fuerza de ley número 285, de 1953, así como las exigencias sobre urbanización establecidas en las leyes vigentes, no regirán para las radicaciones a que se refiere este Título. Sin embargo, en estas radicaciones deberán adoptarse las medidas de salubridad, orden y urbanización mínima que, en cada caso, determine la Corporación de la Vivienda.
Asimismo el Consejo de la Corporación de la Vivienda, por acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, podrá declarar que un loteo, cualquiera que sea su origen, cuenta con urbanización suficiente para los efectos del cumplimiento de la ley N° 11.904, sin perjuicio de la obligación del loteador de cumplir integralmente su obligación en definitiva.

ART. 43. La Corporación de la Vivienda podrá conceder a los radicados a que se refiere el artículo 40 el goce a título gratuito, por el plazo que ella determine, de los inmuebles respectivos. También podrá otorgar promesa de venta, o título de dominio al que prometa o se obligue a pagar el precio del predio en las condiciones que la Corporación de la Vivienda fije.
Los créditos que otorgue la Corporación de la Vivienda para el objeto señalado en el inciso anterior no devengarán intereses, se pagarán en un plazo de hasta 30 años y se reajustarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.

ART. 44. La Corporación de la Vivienda podrá proceder en la forma prevista en el artículo anterior, con las personas que hayan ocupado ilegalmente terrenos con el objeto de instalar su vivienda, radicándolos en estos mismos terrenos, siempre que esta ocupación se haya producido antes del 31 de diciembre de 1958.
En caso de que los terrenos ocupados en la forma antedicha no pertenezcan a la Corporación de la Vivienda, ésta los adquirirá o expropiará previamente, en conformidad a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, para cuyo efecto se declaran de utilidad pública y se faculta al Presidente de la República para expropiarlos.

ART. 45. Los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces deberán autorizar las escrituras y practicar las inscripciones con el solo certificado que otorgue la Corporación de la Vivienda, sin que sea necesario recepción o autorización municipal alguna.

TITULO V

De la Corporación de la Vivienda y modificaciones al decreto con fuerza de ley
No. 285, de 1953.

ART. 46. Suprímese la Corporación Nacional de Inversiones de Previsión, creada por el decreto con fuerza de ley número 200, de 21 de julio de 1953, modificado por las leyes 11.594 y 12.462. Derógase el referido decreto con fuerza de ley N° 200, de 1953, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 5 transitorio de este decreto con fuerza de ley.
La Corporación de la Vivienda será la sucesora legal de la Corporación Nacional de Inversiones de Previsión en todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que esta última tenga a la fecha de vigencia de este decreto con fuerza de ley.
Corresponderá a la Corporación de la Vivienda ejercer la función que el artículo 36 de la ley N° 12.462 confiere a la Corporación Nacional de Inversiones de Previsión.

ART. 47. Los Departamentos Técnicos o de Arquitectura de las instituciones de previsión a que se refiere el artículo siguiente, que tengan la función de ejecutar, con fondos propios de estas Instituciones o con fondos de sus imponentes, obras de construcción de habitaciones, individuales o colectivas, para sus imponentes o terceros, pasarán a formar parte integrante de la Corporación de la Vivienda, fusionándose con ella.

ART. 48. Los Departamentos Técnicos o de Arquitectura a que se refiere el artículo anterior son los correspondientes a las siguientes instituciones: Servicio de Seguro Social, Caja de Previsión de Empleados Particulares, Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República, Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado, Caja de Previsión de la Defensa Nacional y Caja de Previsión de la Marina Mercante.

ART. 49. Suprímense las obligaciones que los artículos 1 de la Ley N° 6.815; 19 y 55 de la ley N° 7.600; 209 de la ley número 10.254; 13 de la ley número 1 1.464, y 24, inciso último, y 27 de la ley N° 12.462, o que cualquiera otra ley o disposición legal imponen a la Corporación de la Vivienda, en orden a destinar determinada cantidad de fondos para los fines previstos en las mismas citadas disposiciones.
El monto de los recursos que la citada Corporación deberá destinar anualmente para los fines a que se refieren las mencionadas disposiciones legales lo determinará anualmente el Consejo de la misma al aprobar su Presupuesto, ciñéndose al efecto a las normas que para la distribución de sus recursos determina la letra c) del art. 33 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953.
Los inmuebles de propiedad de la Corporación de la Vivienda destinados a los fines previstos en las leyes N°s. 6.815 y sus modificaciones, y 10.254, podrán ser desafectados por el Consejo y destinados a otros fines.
La Corporación de la Vivienda podrá vender y otorgar título de dominio a los asignatarios de huertos obreros en las condiciones que ella estime suficientes en cuanto a urbanización. Para estos efectos no regirá ninguna de las exigencias sobre urbanización establecidas en las leyes vigentes.
Los notarios y los Conservadores de Bienes Raíces deberán autorizar las escrituras y practicar las inscripciones con el solo certificado que otorgue la Corporación de la Vivienda, sin que sea necesaria recepción o autorización municipal alguna.

ART. 50. Las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, regirán siempre que no sean contrarias a las del presente decreto con fuerza de ley.

ART. 51. La Corporación de la Vivienda podrá expropiar terrenos con el objeto de venderlos a personas naturales o jurídicas, para que éstas construyan en ellos conjuntos habitacionales planificados con su aprobación.
Declárase de utilidad pública los terrenos antes aludidos, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley número 285, de 1953, y facúltase al Presidente de la República para expropiarlos.
El valor de la indemnización correspondiente podrá ser pagado en todo o en parte al expropiado con viviendas o locales comerciales, de propiedad de la Corporación de la Vivienda, si así se conviniere con éste.

ART. 52. La facultad de arrendar a terceros viviendas ya construidas, que otorga a la Corporación de la Vivienda diversas disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, sólo podrá ejercerse por esta en los casos calificados por el Consejo, con el acuerdo de la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio, y los contratos no podrán tener duración superior a un año.
Las viviendas que la Corporación de la Vivienda construya en el futuro sólo podrán ser viviendas económicas y serán destinadas a la venta. Sin embargo, en casos de emergencia debidamente calificados por acuerdo de la mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio, dicha Corporación podrá construir viviendas provisionales que podrán ser dadas en goce gratuito o arrendamiento, mientras se reemplazan por definitivas.

ART. 53 En los casos de loteamientos y subdivisiones que efectúe la Corporación de la Vivienda en sitios de su dominio, estará facultada para otorgar préstamos para edificación de las viviendas económicas individuales que allí se construyan a las personas a las cuales haya acordado vender los mismos sitios. Estos préstamos se otorgarán en dinero, o en materiales, si se trata de los casos indicados en la letra d) del artículo 29 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, y estarán destinadas a emplearse en las respectivas edificaciones.
La Corporación de la Vivienda podrá autorizar, en casos especiales, a los mutuarios para destinar los préstamos otorgados, en todo o parte, a la ejecución de construcciones de carácter provisional que los asignatarios de los sitios deban efectuar para entrar en posesión de los mismos.
Los préstamos que se otorguen con arreglo a las disposiciones de este artículo podrán concederse con anterioridad a la extensión de la correspondiente escritura pública de transferencia y una vez otorgada ésta deberán ser caucionadas con hipotecas de los respectivos predios.

ART. 54. Los dueños de viviendas o locales comerciales, gravados con hipotecas a favor de la Corporación de la Vivienda, podrán arrendarlas, sin autorización previa del Consejo, y gravarlas, modificarlas o transferirlas, de acuerdo con las normas que este último dicte al respecto.

ART. 55. En la venta de los locales comerciales construidos por la Corporación de la Vivienda no regirán las disposiciones restrictivas de los artículos 6 y 7 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953.

ART. 56. Los que con posterioridad al presente decreto con fuerza de ley adquieran viviendas económicas de la Corporación de la Vivienda o de las instituciones de previsión, señaladas en el artículo 48, podrán optar a una nueva vivienda situada en otra localidad, cuando deban cambiar la residencia por razones de su profesión u oficio.
Asimismo, podrán optar a una nueva vivienda cuando la primitiva resulte insuficiente por crecimiento del grupo familiar.
En estos casos, la Corporación de la Vivienda o la institución de previsión respectiva recibirán en pago la vivienda primitiva, computando para este objeto una suma equivalente a las amortizaciones que se hayan efectuado a la deuda, reajustadas conforme al sistema establecido en el artículo 68, disminuida en la depreciación en que haya podido incurrir el inmueble y aumentada por las mejoras que se le hayan introducido, la que será determinada por la Corporación de la Vivienda o la institución de previsión que corresponda.
Las transferencias que se hagan para la adquisición de la nueva vivienda estarán exentas de todo impuesto.

ART. 57. El Presidente de la República fijará el texto definitivo del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, incorporando las modificaciones que le introduce el presente decreto con fuerza de ley y rectificando la numeración de los artículos en la forma que sea necesaria.

TITULO VI

De las viviendas campesinas

ART. 58. Para los efectos de este decreto con fuerza de ley, se considerarán viviendas campesinas aquellas que construyan los propietarios en zonas rurales agrícolas, destinadas a empleados, inquilinos u obreros, cuya superficie edificada no sea superior a 140 metros cuadrados y que reúnan los requisitos, características y condiciones que fije el reglamento. Este reglamento deberá contener fórmulas variadas para las distintas regiones del país que se amolden a la realidad económica y a las características climáticas y condiciones de trabajo que imperen en cada región.

ART. 59. Todo el que desarrolle actividades agrícolas, sea persona natural o jurídica, sea que explote un predio en calidad de propietario, arrendatario o por cualquier otro título, deberá entregar anualmente a la Corporación de la Vivienda el 5% de sus utilidades. Para estos efectos se considerarán utilidades del predio correspondiente las que se determinen por aplicación de las presunciones legales de renta contenida en el artículo 7 de la Ley sobre Impuesto a la renta o por cálculo de renta efectiva conforme a una contabilidad fidedigna, en los casos en que la rentabilidad del predio haya de ser determinada contablemente según el mismo precepto indicado.
Si se trata de sociedades anónimas agrícolas, el 5% aludido se calculará sobre la utilidad efectiva por la cual tributen en la tercera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta.
El aporte del 5% no se aplicará si la utilidad del obligado es inferior a dos veces el valor del sueldo vital anual del departamento correspondiente.
La obligación establecida en este artículo deberá cumplirse a partir del año 1961, en relación con las utilidades obtenidas en el año agrícola que hubiere terminado en 1960.

ART. 60. Las personas a que se refiere el artículo precedente quedarán exentas de la obligación que éste establece, si acreditan que los empleados, inquilinos y obreros que presten servicios en el predio cuentan con habitaciones suficientes que reúnan los requisitos mínimos exigidos por el reglamento. También quedarán exentas, si invirtieren en cuotas de ahorro para vivienda una suma igual a la obligación que deseen liberar, aumentada en 40%, a menos que se trate de predios agrícolas cuyo avalúo fiscal sea inferior a dos sueldos vitales anuales del departamento correspondiente, en cuyo caso les bastará invertir en dichas cuotas una suma igual al monto de la obligación que deseen liberar. Serán aplicables a estas inversiones en cuotas de ahorros las disposiciones contenidas en los incisos 2 y 3 del artículo 34. Las cuotas de ahorro depositadas en virtud de este artículo sólo podrán ser aplicadas al objetivo indicado en la letra c) del artículo 30, a la reparación de viviendas ya existentes, destinadas al uso de empleados, inquilinos u obreros agrícolas o a la adquisición de viviendas económicas a que se refiere el artículo 67.
Esas mismas personas podrán acogerse a la imputación que para las empresas industriales y mineras establece el artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, pero el valor de las construcciones efectuadas será determinado por la Corporación de la Vivienda. El reglamento de terminará la forma de hacer esta imputación y de avaluar las construcciones hechas.
Se considerará también como imputación a la construcción de habitaciones los valores que la persona, obligada a pagar el aporte de 5%, destine a:
a) Adquisición y urbanización de terreno destinado a villorrios agrícolas;
b) Construcción de escuelas y servicios comunes de los mismos, y
c) Construcción o adquisición de viviendas en villorrios agrícolas destinados al uso o enajenación en favor de su personal.
También se imputarán los valores que correspondan al que tengan los terrenos que esas personas donen a la Corporación de la Vivienda o a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social con. la expresa finalidad de destinarlos a villorrios agrícolas.
En caso de enajenación de los valores imputados, regirán las disposiciones del artículo 74 del DFL N° 2, de 1959, sobre reinversión.

ART. 61. Se establecen Juntas Provisionales de la Habitación Campesina, que estarán integradas en la forma siguiente:
a) El Intendente de la Provincia, que la presidirá;
b) El agrónomo provincial del Ministerio de Agricultura, que la presidirá en ausencia del Intendente;
c) Los delegados designados por las sociedades agrícolas regionales. Un decreto supremo determinará la jurisdicción que corresponderá, para estos efectos, a las distintas entidades de este carácter;
d) El Director de Obras Municipales de la Municipalidad de la cabecera de la provincia, y
e) Un funcionario de Impuestos Internos que será designado por el Director General.

ART. 62. En el caso a que se refiere el inciso primero del artículo 60, corresponderá a la Junta Provincial de la Habitación Campesina resolver si las habitaciones existentes en cada predio cumplen con las exigencias mínimas del reglamento y si son suficientes para las necesidades de sus empleados, inquilinos y obreros.
Los que deseen acogerse a la exención a que se refiere la primera parte del primer inciso del artículo 60, en razón de las habitaciones existentes en el predio, deberán obtener la declaración correspondiente de la Junta antes del 01 de enero del año en que deben efectuar el pago.
La exención cesará por el solo hecho de declarar la Junta aludida que en el respectivo predio han dejado de llenarse los requisitos que la hicieron procedente, cualquiera que haya sido la causa.

ART. 63. Los fondos que se obtengan en conformidad al artículo 59 deberán destinarse a la concesión de préstamos a los propietarios de predios agrícolas para edificación de viviendas campesinas y para la reparación o ampliación de viviendas que ya existan, o a construir los conjuntos habitacionales a que se refiere el artículo 67. Los saldos de las deudas provenientes de estos préstamos serán reajustables de acuerdo con lo prescrito en el artículo 68.

ART. 64. Los préstamos a que se refiere el artículo precedente podrán ser otorgados directamente por la Corporación de la Vivienda o por intermedio del Banco del Estado, el cual actuará por cuenta de aquella. En este último caso, la Corporación pondrá previamente a disposición del Banco del Estado los fondos destinados a dicho fin.
El Banco del Estado fiscalizará la inversión de los préstamos que otorgue, con arreglo a las instrucciones que le imparta la Corporación de la Vivienda.

ART. 65. Lo dispuesto en el artículo 8 será aplicable a la construcción de viviendas campesinas.

ART. 66. Se entenderá que queda dentro del giro de las sociedades a que se refiere el artículo 9 la construcción de viviendas campesinas por cuenta ajena. En consecuencia, serán aplicables a estas actividades las franquicias establecidas en dicha disposición.

ART. 67. La Corporación de la Vivienda deberá planear y construir conjuntos habitacionales de viviendas económicas en zonas rurales agrícolas, con el objeto de que ellas sean vendidas a empleados o trabajadores agrícolas o a los copropietarios de predios agrícolas vecinos que los destinen a habitación para sus empleados, inquilinos u obreros.

TITULO VII

Disposiciones generales

ART. 68. Los saldos de precios por venta de terrenos y de viviendas económicas que se adeuden a la Corporación de la vivienda o a las instituciones de previsión, sean o no las, indicadas en el Artículo 48, y los créditos de cualquier especie que dichas entidades otorguen para los fines previstos en este decreto con fuerza de ley, unos y otros provenientes de operaciones celebradas con posterioridad a su vigencia, se reajustarán anualmente conforme a la variación del Indice de Sueldos y Salarios, en la forma establecida en el artículo 27, letra b), de este decreto con fuerza de ley. Además, devengarán el interés anual que fije el reglamento, sobre los capitales reajustados. También se reajustará cada año el monto del dividendo mensual, de manera que el servicio de la deuda reajustada se efectúe dentro del plazo fijado, para el crédito originario. Para el primer reajuste del préstamo hipotecario del saldo de la deuda y de su respectivo dividendo, se aplicará la variación provisional mensual del índice en proporción a los meses transcurridos entre la fecha de otorgamiento del préstamo y la del reajuste.
Para todos los efectos legales, el certificado expedido por el Servicio Nacional de Estadísticas y Censos que establezca los porcentajes de variación del Indice de Salarios y Sueldos será considerado como parte del título ejecutivo, siempre que en la respectiva escritura de venta o de mutuo se haga referencia al mismo.

ART. 69. Las personas naturales o jurídicas que convengan operaciones de compraventa y de préstamos hipotecarios sobre viviendas económicas podrán acogerse al sistema de reajuste establecido en el artículo anterior. Los intereses de estas operaciones y los reajustes estarán exentos de todo impuesto.

ART. 70. Los plazos de amortización de los créditos hipotecarios que puedan otorgar la Corporación de la Vivienda y las instituciones de previsión a que se refiere el artículo 48, conforme a sus respectivas leyes orgánicas, podrán ampliarse hasta un límite de 30 años.

ART. 71. Se faculta a la Corporación de la Vivienda para otorgar crédito a no más de dos años plazo, con el fin exclusivo de construir Viviendas económicas. Estos préstamos serán garantizados con hipoteca, boleta de garantía o póliza de garantía.
Los créditos que se otorguen en virtud de lo dispuesto en el inciso precedente, se concederán en cuotas de ahorro y se entregarán al prestatario en escudos según el valor provisional que tengan las cuotas de ahorro en el momento de cada giro. Asimismo, la restitución del crédito se hará con el mismo número de cuotas de ahorro por el valor provisional respectivo que rija a la fecha del pago.
Por excepción, cuando se produzca un desfinanciamiento de las obras provocado por un deterioro del valor de la cuota de ahorro en relación al costo de construcción u otra circunstancia calificada por la Corporación de la Vivienda, podrá concederse un nuevo préstamo, por un plazo no superior a dos años, suficiente para la terminación de las obras e imputar al mismo el saldo deudor anterior.
La Corporación de la Vivienda determinará las condiciones de estos créditos y el reglamento fijará las normas a que se ajustará esta Institución para otorgarlos.
La Corporación de la Vivienda podrá, por acuerdo fundado de su Junta Directiva, ampliar hasta tres años el plazo que indica el inciso 1, cuando los prestatarios sean cooperativas de viviendas, sindicatos de empleados u obreros, corporaciones o fundaciones, y, en general, personas jurídicas que no persigan fines de lucro.

ART. 72. Las instituciones de previsión podrán conceder créditos hipotecarios a sus imponentes que deseen adquirir lasviviendas económicas a que se refiere el artículo 71, con cargo a los excedentes en un porcentaje que anualmente se determinará de común acuerdo entre la respectiva institución de previsión y la Corporación de la Vivienda.
Estos créditos podrán también ser aplicados a la compra de viviendas económicas que se adquieran en primera transferencia.

Declárase que por primera transferencia debe entenderse no sólo la que de viviendas económicas hicieren, a imponentes y pensionados, personas naturales o jurídicas, fueren o no prestatarios, sino que, además, la que les hiciere la persona que las hubiere adquirido de prestatarios.

ART. 73. La renta líquida que provenga del ejercicio del comercio, comprendiendo en este concepto todas las actividades que tributan en la tercera categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, quedará gravada anualmente en la misma forma que dispone el artículo 20 del decreto con fuerza de ley 285, de 1953, para las empresas industriales y mineras en favor de la Corporación de la Vivienda. Se considerará renta líquida para estos efectos aquélla que establezca la Dirección General de Impuestos Internos para el pago del impuesto a la renta de tercera categoría. Regirán para estos efectos las imputaciones previstas en los incisos 4 y 5 del mismo artículo 20 ya referido.
Este impuesto empezará a regir desde el 01 de enero de 1961, aplicándose a las rentas obtenidas durante el año 1960.
No se aplicará el impuesto a que se refiere el inciso primero, si la utilidad del contribuyente es inferior a dos veces el valor del sueldo vital anual del departamento respectivo.
Lo dispuesto en el artículo 34 regirá para los obligados al pago de este impuesto, como asimismo para el cumplimiento de la obligación que el artículo 38 del decreto con fuerza de ley N° 285 impone a las instituciones a que éste se refiere.
Las cuotas de ahorro a que se refiere el inciso anterior no podrán acogerse a lo dispuesto en la letra a) del artículo 30, y sólo podrán ser aplicadas a la construcción o adquisición de viviendas económicas a través de la Corporación de la Vivienda.

ART. 74. Las Viviendas Económicas que correspondan a las imputaciones que autorizan el artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, y el artículo anterior, podrán ser vendidas por sus dueños a su personal o al personal de las Empresas aportantes, en su caso, ya sea directamente o por intermedio de Cooperativas formadas por dichos personales de acuerdo con el Reglamento.
Los obligados al pago previsto en el artículo anterior y en el artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, que otorguen a su personal préstamos para la construcción o adquisición en primera transferencia de viviendas económicas, podrán imputar el monto de estos préstamos a aquél pago, siempre que en la Empresa o actividad respectiva exista un sindicato formado por el personal, o cuando el personal beneficiado con el préstamo sea miembro de alguna sociedad cooperativa de vivienda y servicios habitacionales o de una Sociedad regida por el artículo 43 del DFL N° 205, de 1960; en tal caso, los beneficiados podrán hacer aportes de las sumas recibidas en préstamos para ser aplicadas a través de la Cooperativa o Sociedad respectiva en la forma que determine el Reglamento. También estos préstamos podrán concederse a Cooperativas de Viviendas y Servicios Habitacionales o a Sociedades regidas por el artículo 43 del DFL N° 205, de 1960, formadas por personal del respectivo obligado.
Las sumas que los empresarios o patrones recuperen como precio de venta, en el caso del inciso primero, o por amortización de préstamos, en el caso del inciso precedente, deberán ser reinvertidas en los mismos fines, aparte de la obligación prevista en el artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, y del artículo 73 de este decreto con fuerza de ley.
Los préstamos que las empresas otorguen a su personal en conformidad a lo dispuesto en los incisos anteriores, no estarán sujetos a presunción de interés, y los contratos de que consten no estarán afectos a impuesto de timbre, estampillas y papel sellado.
Los empresarios o patrones que recuperen las sumas como restitución de los aportes efectuados a sociedades constituidas en conformidad al artículo 92 y que hayan imputado de acuerdo con el artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 285, de 1953, o el precio de venta de los bienes que se les haya entregado como restitución de aquellos aportes por dichas sociedades, o que hubieren recibido por adjudicación en el caso de disolución o liquidación d